Artículo de opinión de Manuel Peris, publicado por El País el pasado 29 de julio.
"Se nos va la democracia. O, mejor dicho, nos la quitan. Nunca desde el 23 de febrero de 1981, las instituciones democráticas habían sido víctimas de un acoso y derribo como el que se está operando tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Teóricamente no es un golpe de Estado, pero, de hecho, es un golpe al Estado en toda regla. Un golpe al Estado en el que se pueden distinguir dos fases claras. Una primera es la forma de acceder al Gobierno, con unos recursos de financiación del partido extraordinarios, que durante años han multiplicado su capacidad de movilización electoral y han pervertido el resultado de los comicios. Una vez conseguida la mayoría absoluta y el Gobierno, la segunda fase consiste en la puesta en marcha de una política absolutista mediante un asalto, más o menos disimulado, a las principales instituciones del Estado, que permite anular el juego de contrapoderes inherente a toda democracia que se precie.
Y así, tras todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad, nos encontramos con un presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militante secreto y asesor oculto del PP; con una Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que militó en el PP hasta la víspera de tomar posesión de su cargo; con un presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, cuyo cargo inmediatamente anterior fue el de tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas; y con una presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, exministra y exdiputada del PP. La conspiración se completará cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consume en septiembre sus planes para el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial a medida del poder ejecutivo.
Este complot antidemocrático no sería posible sin el concurso de una trama civil, formada por los banqueros y grandes compañías para las que el PP gobierna, que han sido cooperadoras necesarias en este golpe al Estado. En el 23-F los militares contaron con el sostén de una trama civil apenas desvelada. Ahora, los políticos neogolpistas han contado con el apoyo de una trama financiera y empresarial, de la que el caso Gürtel es la punta del iceberg y que sólo vislumbraremos si finalmente Luis Bárcenas acaba de tirar de la manta.
La legalidad del nombramiento de Pérez de los Cobos es más que precaria, su legitimidad ofrece pocas dudas: ni legitimidad formal, ni material; ni de origen, ni de ejercicio. ¿Qué dirá cuándo tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reforma laboral cuya articulación legislativa asesoró? Una reforma laboral, por cierto, hecha a la medida de la trama civil de banqueros y grandes empresarios que tan importante papel han desempeñado en este golpe al Estado democrático de derecho. El círculo se cierra.
En esta situación, pese a los recortes en otras materias, el Gobierno ha sido previsor al aumentar el gasto en material antidisturbios, que ha pasado de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013, con la previsión de dispararlos a 10 millones en los próximos cuatro años. Cuando se pierde la legitimidad, la obediencia sólo se consigue por la fuerza. Han sido prudentes, las porras y los escudos les van a hacer falta".
Despacio, pero con un trabajo concienzudo, bien planificado y con el apoyo económico de banqueros, empresarios y grandes empresas, con un ataque constante a cualquier síntoma de activismo, con una acción represiva que a veces ralla la ilegalidad, y con la colaboración de una pasividad conformista de una ciudadanía que, únicamente, parece esperar las próximas elecciones generales para hacerse oir, el esfuerzo para unificar los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en uno solo, parece un trabajo cercano a ser concluido.
Pero, desde mi punto de vista, el principal problema es que no existe una oposición capaz de movilizar, de incentivar, de generar esperanza de cambio, pues la última presentación de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, ha sido un claro ejemplo de la ineficienca de una oposición opaca, poco hábil y carente de recursos para generar el cambio.
Dos motivos claros existen para esa actitud ineficiente del principal partido de la oposición, el PSOE, y otros grupos: sus propios escándalos de corrupción y la incapacidad generalizada de unos gestores que deberían pensar en iniciar un proceso de cambio en el partido, en una busqueda rápida de recobrar carisma entre los ciudadanos e inteligencia en sus actitudes.
Ellos, los miembros del Partido Popular, que acusaron de mantener actitudes nazistas a determinados grupos sociales opositores a sus acciones como gestores del país, nos están acercando, paso a paso, escalón tras escalón, a régimenes de triste recuerdo en la historia de la humanidad.
"Se nos va la democracia. O, mejor dicho, nos la quitan. Nunca desde el 23 de febrero de 1981, las instituciones democráticas habían sido víctimas de un acoso y derribo como el que se está operando tras la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Teóricamente no es un golpe de Estado, pero, de hecho, es un golpe al Estado en toda regla. Un golpe al Estado en el que se pueden distinguir dos fases claras. Una primera es la forma de acceder al Gobierno, con unos recursos de financiación del partido extraordinarios, que durante años han multiplicado su capacidad de movilización electoral y han pervertido el resultado de los comicios. Una vez conseguida la mayoría absoluta y el Gobierno, la segunda fase consiste en la puesta en marcha de una política absolutista mediante un asalto, más o menos disimulado, a las principales instituciones del Estado, que permite anular el juego de contrapoderes inherente a toda democracia que se precie.
Y así, tras todo tipo de maniobras orquestales en la oscuridad, nos encontramos con un presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militante secreto y asesor oculto del PP; con una Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que militó en el PP hasta la víspera de tomar posesión de su cargo; con un presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, cuyo cargo inmediatamente anterior fue el de tesorero del PP, en sustitución de Luis Bárcenas; y con una presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, exministra y exdiputada del PP. La conspiración se completará cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, consume en septiembre sus planes para el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial a medida del poder ejecutivo.
Este complot antidemocrático no sería posible sin el concurso de una trama civil, formada por los banqueros y grandes compañías para las que el PP gobierna, que han sido cooperadoras necesarias en este golpe al Estado. En el 23-F los militares contaron con el sostén de una trama civil apenas desvelada. Ahora, los políticos neogolpistas han contado con el apoyo de una trama financiera y empresarial, de la que el caso Gürtel es la punta del iceberg y que sólo vislumbraremos si finalmente Luis Bárcenas acaba de tirar de la manta.
La legalidad del nombramiento de Pérez de los Cobos es más que precaria, su legitimidad ofrece pocas dudas: ni legitimidad formal, ni material; ni de origen, ni de ejercicio. ¿Qué dirá cuándo tenga que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una reforma laboral cuya articulación legislativa asesoró? Una reforma laboral, por cierto, hecha a la medida de la trama civil de banqueros y grandes empresarios que tan importante papel han desempeñado en este golpe al Estado democrático de derecho. El círculo se cierra.
En esta situación, pese a los recortes en otras materias, el Gobierno ha sido previsor al aumentar el gasto en material antidisturbios, que ha pasado de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013, con la previsión de dispararlos a 10 millones en los próximos cuatro años. Cuando se pierde la legitimidad, la obediencia sólo se consigue por la fuerza. Han sido prudentes, las porras y los escudos les van a hacer falta".
Despacio, pero con un trabajo concienzudo, bien planificado y con el apoyo económico de banqueros, empresarios y grandes empresas, con un ataque constante a cualquier síntoma de activismo, con una acción represiva que a veces ralla la ilegalidad, y con la colaboración de una pasividad conformista de una ciudadanía que, únicamente, parece esperar las próximas elecciones generales para hacerse oir, el esfuerzo para unificar los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en uno solo, parece un trabajo cercano a ser concluido.
Pero, desde mi punto de vista, el principal problema es que no existe una oposición capaz de movilizar, de incentivar, de generar esperanza de cambio, pues la última presentación de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, ha sido un claro ejemplo de la ineficienca de una oposición opaca, poco hábil y carente de recursos para generar el cambio.
Dos motivos claros existen para esa actitud ineficiente del principal partido de la oposición, el PSOE, y otros grupos: sus propios escándalos de corrupción y la incapacidad generalizada de unos gestores que deberían pensar en iniciar un proceso de cambio en el partido, en una busqueda rápida de recobrar carisma entre los ciudadanos e inteligencia en sus actitudes.
Ellos, los miembros del Partido Popular, que acusaron de mantener actitudes nazistas a determinados grupos sociales opositores a sus acciones como gestores del país, nos están acercando, paso a paso, escalón tras escalón, a régimenes de triste recuerdo en la historia de la humanidad.
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