Chile, Los jueces piden perdón a la sociedad chilena por el papel jugado durante la dictadura militar de Pinochet

La principal organización gremial de jueces de Chile, en una declaración sin precedentes, pidió perdón por las "acciones y omisiones" de sus miembros durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

Cuando faltan pocos días para que se cumpla el cuadragésimo aniversario del golpe militar, un comunicado de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial indica que las autoridades judiciales de la época "claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales".

El comunicado señala que la Corte Suprema en particular ignoró el sufrimiento de muchas víctimas de abusos que habían exigido su intervención.
"Estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón" a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena", expresaron los jueces.
La declaración de la asociación reconoce que el Poder Judicial chileno podría y debería haber hecho mucho más para salvaguardar los derechos de quienes fueron perseguidos por el gobierno militar.

El comunicado hecho público a través de su página web se inicia diciendo: "Con ocasión de cumplirse 40 años desde el quiebre de nuestra democracia el año 1973, con la consecuente instauración de una dictadura militar bajo la cual se perpetraron, indiscutiblemente desde el Estado, sistemáticas, extendidas y brutales violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, el Directorio de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha decidido no seguir al margen de la necesaria reflexión que a todas las instituciones esenciales de la República cabe en torno a estos hechos.
Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal.
Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período".

El mismo señala, "(...) como Asociación Nacional de Magistrados, sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar  y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción".

Augusto Pinochet dirigió el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 y gobernó hasta 1990.

Los cálculos oficiales sugieren que más de 3.000 personas perdieron la vida por causa del gobierno militar chileno.
Los tribunales rechazaron unos 5.000 casos en los que se pedía ayuda para localizar a seres queridos desaparecidos o ejecutados por las autoridades.
Los críticos afirman que su respuesta usual era que no tenían información sobre su destino.
El gobierno actual de Chile, de centro-derecha, dijo que el país reconocerá oficialmente el aniversario del golpe.
El presidente Sebastián Piñera expresó el mes pasado que el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue "un hecho histórico" y que su cuadragésimo aniversario debería ser un tiempo de "reflexión".
El anuncio llegó después de que el senador conservador y expresidente de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, se disculpara por las acciones de su partido.
"Pido perdón", dijo. "Es mi voz para la reconciliación".